Aplazan audiencia de medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat; se suman nuevas querellas por colapso mortal
Santo Domingo, RD
En una audiencia cargada de tensión celebrada este domingo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fue aplazado el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por su implicación en la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril que dejó al menos 232 muertos y casi 190 heridos tras el colapso del techo del establecimiento.
La primera en ser conducida al tribunal fue Maribel Espaillat, quien lucía decaída, con ojos cerrados y vestía una especie de pijama de rayas azul y blanco. Caminaba con dificultad, sostenida por agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
Minutos más tarde fue ingresado Antonio Espaillat, esposado, con chaleco antibalas y casco protector. Vestía chacabana blanca y jeans. Su expresión, al igual que durante su arresto, se mantenía serena y sin emitir declaraciones.
El juez Rigoberto Sena decidió aplazar la audiencia hasta este miércoles a las 11:00 de la mañana, luego de que los abogados defensores alegaran que no se les había notificado formalmente la solicitud de medida de coerción ni las nuevas querellas. El tribunal otorgó plazo adicional hasta hoy lunes para que las demás víctimas puedan presentar sus demandas.
El abogado defensor Máximo Miñoso indicó que el juez autorizó que Antonio Espaillat pueda reunirse con su equipo legal dentro del recinto carcelario, a fin de preparar su defensa.
El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, fue contundente en sus declaraciones a la salida del tribunal:
“Este caso refleja un comportamiento absolutamente negligente, irresponsable, y una muestra clara de desprecio por la vida humana. Prefirieron priorizar sus intereses económicos sobre la seguridad de sus clientes”.
Camacho informó que la solicitud del Ministerio Público está respaldada por más de 130 pruebas documentales y testimoniales, que demuestran la responsabilidad penal de los imputados. También denunció intentos de intimidación a testigos por parte de los hermanos Espaillat, lo que justifica el riesgo procesal y respalda el pedido de prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel.
El domingo se presentaron 30 nuevas querellas, elevando el total a 82 acciones legales en contra de los Espaillat. El abogado Félix Portes, representante de varios familiares de víctimas, sostuvo que la calificación jurídica del caso debería ser homicidio voluntario con dolo intencional, no simplemente homicidio involuntario como plantea el Ministerio Público.
Portes argumenta que, aunque los dueños no planearon directamente el colapso del techo, conocían los riesgos estructurales y continuaron operando el local y organizando fiestas, lo que constituye una conducta dolosa.
Durante la jornada, algunas víctimas también acudieron al tribunal. Una de ellas, Aracelis Santana, en silla de ruedas, relató que desde la tragedia no puede dormir ni encontrar paz:
“Recuerdo los gritos, la oscuridad, los auxilios… Es como revivir la tragedia cada vez que abro los ojos”.
Otra víctima, Crismarlin Encarnación, quien resultó con múltiples fracturas, clamó: “Solo quiero justicia. Vivir con este trauma y dolor físico no es fácil”.
Debido a la magnitud de la tragedia, la cantidad de víctimas y el volumen de pruebas, el Ministerio Público solicitó al juez que el caso sea declarado “complejo”, lo que permitiría extender los plazos procesales para una investigación más profunda.
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