Pueblo Rico, Colombia. – La mutilación genital femenina continúa siendo una realidad poco visible pero profundamente alarmante en algunas comunidades indígenas de Colombia, donde esta práctica ha provocado la muerte de numerosas niñas y sigue siendo un tema rodeado de silencio y tabú.
En el departamento de Risaralda, territorio ancestral de los pueblos emberá chamí y katío, la ablación del clítoris aún afecta a recién nacidas. Según testimonios recogidos por la AFP, el procedimiento se realiza en condiciones precarias, utilizando objetos como navajas o clavos calentados, lo que incrementa el riesgo de infecciones y hemorragias fatales.
Alejandrina Guasorna, de 74 años, relató que solo en su adultez supo que había sido víctima de esta práctica. Durante años, presenció la muerte de niñas sin cuestionar lo que ocurría. “Traían niñas muertas a cada momento. Pensábamos que era normal”, expresó.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos y puede ocasionar graves consecuencias físicas y psicológicas, incluyendo la muerte.
Subregistro y silencio
La falta de acceso a servicios de salud, el aislamiento de las comunidades y el secretismo dificultan conocer la magnitud real del problema. Muchas niñas fallecen sin ser registradas oficialmente.
La médica Sarita Patiño, quien trabaja en un hospital de la zona, advirtió sobre el subregistro de casos. Solo en lo que va de año, han atendido varios casos de niñas con complicaciones severas tras la mutilación.
Líderes comunitarias como Francia Giraldo denuncian que muchas menores mueren en sus hogares sin recibir atención médica. “Se vacían de sangre y algunas madres no las llevan al hospital, las entierran directamente”, afirmó.
Iniciativa para erradicar la práctica
Ante esta situación, legisladoras y lideresas indígenas han impulsado un proyecto de ley en el Congreso colombiano que busca prohibir la mutilación genital femenina. La propuesta se enfoca en la prevención y la educación, sin contemplar sanciones penales para las parteras, a quienes consideran víctimas de la falta de información.
La congresista Carolina Giraldo explicó que la iniciativa pretende generar conciencia y erradicar la práctica desde las comunidades.
Según la ONG Equality Now, entre 2020 y 2025 se registraron al menos 204 casos en Colombia, el único país de América Latina donde aún se reportan este tipo de prácticas.
Un problema cultural y de derechos humanos
Especialistas señalan que esta costumbre estaría vinculada a creencias ancestrales y a influencias históricas provenientes de África, donde la práctica persiste en varios países.
Sin embargo, activistas y líderes comunitarios coinciden en que el camino para erradicarla debe basarse en la educación, el acompañamiento estatal y el respeto cultural, promoviendo el cambio desde dentro de las propias comunidades.
“Me duele cuando nos llaman ignorantes. Las parteras solo siguen una tradición. Necesitamos educación, no castigo”, expresó Francia Giraldo.
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