El gobierno de Luis Abinader, que inició con la promesa de transparencia y rendición de cuentas, ha tenido que enfrentar en los últimos años una serie de episodios que marcaron su gestión con la sombra de la mala administración y la corrupción. Nueve grandes casos han salido a la luz, algunos con consecuencias judiciales, otros con simples destituciones y varios que quedaron en la impunidad.
La historia comenzó en medio de la pandemia, cuando el Ministerio de Salud Pública fue sacudido por el robo masivo de datos de las personas vacunadas contra la Covid-19. A esto se sumaron denuncias de venta de “nombramientos” dentro de la institución y la falta recurrente de medicamentos en Promese/CAL, evidenciando fallas graves en la gestión sanitaria.
El sector educativo tampoco escapó a la polémica. Roberto Fulcar fue señalado por la cuestionada adquisición de libros digitales, mientras en el Inabie se destaparon irregularidades en licitaciones que obligaron a cancelaciones masivas. Al mismo tiempo, el sistema de peajes electrónicos “Paso Rápido” generó múltiples quejas de fraudes y fallos, sin que se establecieran responsabilidades claras.
En el área tecnológica, Bartolomé Pujals, entonces director de la OGTIC, enfrentó denuncias por contrataciones millonarias sin resultados, ataques a empleados críticos y costosos alquileres. A pesar de estos señalamientos, más tarde fue designado embajador ante la OACI.
Uno de los escándalos más recientes se produjo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), bajo la gestión de Santiago Hazim. Se denunciaron contratos millonarios sin servicios prestados, un “call center paralelo” y procesos irregulares con farmacéuticas. El propio Gobierno tuvo que entregar un informe con hallazgos graves a la Procuraduría.
El caos también alcanzó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant). Un apagón de semáforos en 2024 destapó el caso “Camaleón”, que llevó a prisión al entonces director Hugo Beras, acusado de autorizar contratos fraudulentos a empresas sin capacidad técnica.
La Dirección de Pasaportes se convirtió en un dolor de cabeza para los ciudadanos. Tres directores pasaron en pocos años, arrastrando problemas de largas filas, citas imposibles y libretas defectuosas.
En programas sociales, la administración de Gloria Reyes en Supérate vivió el escándalo de clonación de tarjetas por más de 100 millones de pesos y, en 2024, el caso de los “Bonos Navideños”, donde aparecieron como beneficiarios desde ciudadanos comunes hasta expresidentes y figuras públicas.
Otros episodios sacudieron al gobierno:
- Luz del Alba Jiménez, destituida de Juventud por favorecer a empresas en licitaciones, aunque más tarde nombrada vicecónsul en Barcelona.
- Adán Peguero, del Inposdom, señalado por contratos irregulares con la empresa Mia Cargo.
- Neney Cabrera, cuestionado por Alicia Ortega en “Pinta tu Barrio en Navidad”, donde aparecieron empresas fantasma.
- Luis Maisichell Dicent, administrador de la Lotería Nacional, arrestado por el sorteo fraudulento de 2021, aunque luego descargado por falta de pruebas.
- Tony Peña Guaba, criticado por la entrega de millones a artistas en plena pandemia, con procesos de contratación cuestionados.
Cada caso fue sumando capas a una narrativa que contrasta con las promesas iniciales de cambio. Mientras algunos funcionarios enfrentaron prisión preventiva, otros fueron reciclados en nuevos cargos diplomáticos o administrativos.
Hoy, la historia de estos nueve grandes casos no solo refleja las dificultades de gobernar con transparencia, sino también la persistente fragilidad institucional frente a la corrupción en la República Dominicana.
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