Santo Domingo, RD
El Gobierno dominicano ha transferido RD$50.6 mil millones al sector eléctrico en los primeros siete meses del 2024, según un informe reciente del Ministerio de Economía. Estas transferencias buscan mitigar las diversas anomalías que enfrenta el servicio eléctrico a nivel nacional, incluyendo sobrecargas en subestaciones, deficiencias en infraestructuras, y averías en transformadores.
En julio, se destinaron RD$7 mil millones al sector, un 17.3% más que en el mismo mes del 2023. Durante el primer semestre del año, el subsidio acumulado alcanzó los RD$43.6 mil millones, reflejando la presión financiera sobre el presupuesto nacional debido al continuo apoyo al sector.
El Poder Ejecutivo también añadió RD$6 mil millones adicionales en el Presupuesto Complementario de este año, destinados a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), que incluyen Edesur, Edeeste y Edenorte. Estas distribuidoras recibieron un total de RD$43,552.7 millones en el primer semestre del 2024.
A pesar de las altas inversiones, el sector sigue enfrentando serios desafíos, como mencionó Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las EDE. Las sobrecargas, deficiencias en las redes y problemas en los transformadores continúan afectando el servicio, obligando al Estado a seguir subsidiando el sector con montos significativos, lo que contribuye a un déficit fiscal considerable.
El economista Aristy Escuder destacó la necesidad de cerrar el déficit en el sector eléctrico, que alcanza los US$1,500 millones anuales. Según el Ministerio de Energía y Minas, los déficits comerciales, corrientes y globales de las EDE aumentaron significativamente en el primer semestre del 2024, debido principalmente a un incremento en los gastos operativos y de compra de energía.
En particular, el déficit comercial fue de US$469.4 millones en junio, un aumento del 20.5% respecto al 2023, mientras que el déficit global ascendió a US$796.5 millones, un 18.4% más que en el mismo período del año anterior. Estos déficits operacionales son cubiertos en gran parte por el Gobierno Central, lo que subraya la necesidad de soluciones estructurales para la sostenibilidad del sector.