Santo Domingo, RD
Amnistía Internacional, junto con otras seis organizaciones, ha urgido al Gobierno dominicano a poner fin a las violaciones de derechos humanos dirigidas hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y de raza negra debido a sus políticas migratorias, las cuales han sido calificadas como racistas.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional ha destacado que estas políticas migratorias generan efectos discriminatorios y se basan en la discriminación racial, afectando la vida y los derechos de estas personas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que las deportaciones colectivas de personas haitianas, incluyendo a aquellos en necesidad de protección internacional, representan una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas.
Además, la suspensión de formas legales para que personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha generado consecuencias significativas, afectando a familias y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria.
Las organizaciones firmantes de la carta instan a las autoridades dominicanas a garantizar que las personas haitianas tengan acceso a procedimientos de asilo sin discriminación, así como a reanudar las vías legales de entrada y permanencia para personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes en busca de residencia legal en el país.
Además, se pide una investigación sobre denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas, así como abstenerse de detener y deportar mujeres embarazadas, menores y personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Amnistía Internacional enfatiza que las autoridades dominicanas deben comprometerse a construir una sociedad antirracista donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, origen étnico o estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos.