Santo Domingo, República Dominicana
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el miércoles la prisión preventiva impuesta a los miembros de una mafia que alteró los registros de la Procuraduría General de la República para beneficiar a un total de 16 mil personas que tenían fichas penales.
Entre los imputados que se beneficiaron de esta acción ilegal se encontraban acusados de sicariato, narcotráfico, violación sexual, violencia de género y adulteración de bebidas alcohólicas, así como secuestro, a quienes se les había eliminado de manera irregular sus antecedentes penales.
Los imputados Mártires Rosario Reyes y Luis Alfredo Astacio Polanco, que estaban involucrados en la red responsable de borrar y alterar registros de antecedentes penales a través de la operación «Gavilán», habían solicitado una variación de la medida de coerción, la cual fue rechazada por el tribunal de alzada.
La magistrada Isis Muñiz, presidenta de la sala, junto a los magistrados Teófilo Andújar y Delio Germán, ratificaron la prisión preventiva por un período de 18 meses que inicialmente había sido impuesta a los imputados por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a principios de agosto de 2023.
La red criminal había llevado a cabo la eliminación de antecedentes penales, y llegaron al extremo de que personas con condenas de hasta 30 años de prisión figuraban en los registros oficiales sin antecedentes penales.
Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, argumentó ante el tribunal que ambos imputados habían causado graves daños al sistema de justicia y a la sociedad dominicana con sus acciones.
En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado además por el Procurador de Corte José Manuel Aguiló y el fiscal investigador Andrés Mena.