Santo Domingo RD/Aplazamiento
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, ha decidido aplazar para el próximo lunes a las 9:00 a.m. el conocimiento de la medida de coerción para los imputados en la presunta red de soborno y otros delitos desmantelada en la Operación Gavilán.
El aplazamiento fue ordenado para permitir a los abogados preparar adecuadamente sus medios de defensa, ya que varios de ellos alegaron que aún no tenían acceso al expediente y no estaban listos para la audiencia.
El fiscal Andrés Mena, al salir del tribunal, informó que el Ministerio Público estaba preparado para el conocimiento de la medida de coerción. Resaltó la fortaleza del expediente, el cual consta de 139 páginas y contiene más de 100 elementos de pruebas.
La Operación Gavilán ha llevado al arresto de 12 personas que formaban parte de una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías, que operaban una estructura nacional dedicada durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
Los fiscales a cargo de la operación han solicitado la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra varios de los implicados, incluyendo a Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También están bajo la solicitud de prisión preventiva Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, su esposa Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, empleados de la Procuraduría General de la República, así como otros coimputados.
La Operación Gavilán ha puesto bajo investigación a al menos siete fiscales, contra quienes el Ministerio Público procederá a solicitar la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento establecido para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Además, se ha puesto en marcha un proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Esta operación de la Procuraduría General de la República está dirigida contra personal bajo su mando que supuestamente aceptó sobornos para eliminar antecedentes de criminales. La red involucrada en la operación habría eliminado más de 8,000 registros penales por medio de sobornos, según lo informado por el Ministerio Público.