Ciudad de México, México
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México ha reconocido que el año pasado tuvo que lidiar con una situación extrema al realizar el censo, ya que se vio obligado a pagar a bandas delictivas para poder ingresar a ciertas ciudades y llevar a cabo las entrevistas. Además, algunos analistas advierten que los cárteles de la droga han puesto en la mira a los trabajadores de este organismo, así como a investigadores de mercadotecnia y a empresas encuestadoras en ciertas partes del país.
La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI, Susana Pérez, testificó ante una comisión de la Cámara de Diputados sobre esta problemática. Explicó que algunos empleados del organismo se vieron forzados a contratar delincuentes para poder llevar a cabo entrevistas del censo, y que incluso un funcionario fue secuestrado mientras intentaba realizar su labor.
El problema parece ser más grave en las zonas rurales del país, donde los cárteles de la droga ejercen un mayor control y violencia. El INEGI se ha visto obligado a emplear diversas estrategias para poder operar en estas áreas. Esto incluye pagar a bandas para obtener acceso a ciertas comunidades, así como contratar personal local que es conocido por los pobladores, aunque esto también conlleva el riesgo de que estos colaboradores estén involucrados en actividades delictivas.
En el centro y norte de México, donde las guerras territoriales del narcotráfico y la migración han creado un entorno violento, los trabajadores del censo han encontrado comunidades agrícolas abandonadas y sin nadie a quien encuestar.
El INEGI, aunque financiado por el gobierno, goza de una autonomía significativa para garantizar la integridad de las estadísticas sin intervención política. Sin embargo, la situación actual plantea un desafío sin precedentes, ya que los cárteles buscan influir en los resultados de las encuestas y utilizan la extorsión y la intimidación para lograr sus objetivos.
El analista de seguridad, David Saucedo, ha señalado que los grupos del crimen organizado extorsionan y piden dinero a los encuestadores y supervisores, y en ocasiones los confunden con miembros de otros grupos delictivos. Además, en estados conflictivos como Michoacán y Guerrero, los cárteles pueden querer influir en los resultados de las encuestas para favorecer a candidatos aliados con ellos.
La situación ha llevado a que algunas áreas del país sean controladas por bandas de narcotraficantes, lo que representa un desafío para las autoridades federales y plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la capacidad de llevar a cabo un censo preciso y completo.