Quito, Ecuador
En la noche del jueves, cinco miembros de una familia fueron asesinados en un autobús interprovincial en Ecuador mientras se dirigían al norte del país. Entre las víctimas se encuentran cuatro adultos, uno de ellos de nacionalidad venezolana, y un niño de cinco años, según informaron fuentes policiales al portal digital ecuatoriano Primicias.
La Policía ha capturado a dos presuntos implicados en el crimen, que preliminarmente se trataría de una disputa entre bandas delictivas. Uno de los detenidos, con antecedentes por narcotráfico, tenía en su poder un arma de fuego, un cargador y 50 cartuchos de balas.
William Calle, comandante de la subzona Los Ríos, indicó que se presume que las víctimas pertenecían a una organización delictiva que operaba en Puebloviejo y se trasladaban hacia la frontera para salir del país. Calle enfatizó que el incidente no fue un asalto en la carretera, sino un ataque dirigido.
El crimen, que la Policía investiga como un asesinato por encargo (sicariato), ocurrió a las 19:30 hora local (00:30 GMT del viernes) en la provincia tropical de Los Ríos. Dos camionetas con hombres armados interceptaron el autobús y dispararon contra el vehículo, hiriendo al conductor en la pierna y provocando que perdiera el control.
Cuatro de las víctimas murieron en sus asientos, mientras que el menor fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció horas después. Un empleado de la compañía de autobuses también resultó herido en el ataque.
Diego Villamarín, jefe policial del distrito, descartó que se tratara de un robo, explicando que los atacantes identificaron a sus víctimas antes de dispararles.
Este suceso se produce en medio de crecientes reclamos del gremio de transportistas por la inseguridad en las vías del país. La Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip) ha denunciado una «inseguridad insoportable» debido a los asaltos diarios en las carreteras, lo que ha llevado a los conductores a temer por su seguridad.
Ecuador ha enfrentado una ola de violencia en los últimos tres años, que se intensificó a principios de 2024. Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar la lucha contra el crimen organizado como un «conflicto armado interno», catalogando a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.