La reciente polémica sobre la inclusión del expresidente Leonel Fernández en la base de datos del Bono Navideño ha vuelto a encender el debate sobre la transparencia en el uso de recursos estatales, en particular, las pensiones otorgadas a exmandatarios. A pesar de ser financiadas con dinero público, el monto exacto de estas pensiones no está disponible al público debido a que son consideradas «información privada».
Confidencialidad amparada en la ley
Diario Libre intentó obtener los datos sobre las pensiones de Fernández y otros expresidentes a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública, pero recibió una respuesta negativa basada en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Según su artículo 18, los datos personales protegidos, como las pensiones, solo pueden divulgarse si se demuestra un interés público claro y legítimo o si el afectado consiente su divulgación.
Cálculo aproximado
Aunque no se reveló la cifra exacta, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones indicó que las pensiones de los expresidentes corresponden al 70 % del salario que percibían en funciones. En la actualidad, el presidente Luis Abinader tiene un salario bruto de RD$450,000 mensuales, lo que sugiere que los expresidentes podrían recibir pensiones aproximadas de RD$315,000 mensuales, antes de posibles descuentos.
Controversias recurrentes
El debate surge en un contexto donde la falta de transparencia sobre las pensiones de altos funcionarios contrasta con la supervisión más estricta hacia las pensiones comunes y los programas sociales. Para algunos sectores, esta opacidad erosiona la confianza pública en el manejo de recursos estatales.
Por su parte, la directora de Supérate, Gloria Reyes, aclaró que Fernández apareció en la lista del Bono Navideño debido a la ampliación de criterios de elegibilidad para incluir a pensionados y desempleados, y no por falta de recursos personales.
El dilema de la privacidad vs. transparencia
Si bien la ley protege estos datos bajo la premisa de privacidad, el caso ha provocado llamados a revisar estas normativas para garantizar un equilibrio entre los derechos individuales y el derecho ciudadano a supervisar cómo se usan los fondos públicos.
La discusión se mantiene abierta, en especial para sectores que ven en la transparencia un pilar clave para fortalecer la democracia dominicana.