Naciones Unidas
El gobierno de Haití ha expresado en términos enérgicos su preocupación por las «deportaciones masivas» de haitianos desde la República Dominicana, calificándolas como «violaciones de derechos fundamentales» y contrarias a las leyes internacionales. Así lo manifestó el embajador haitiano ante la ONU, Antonio Rodrigue, durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación de Haití.
Rodrigue solicitó solidaridad internacional para frenar estas «graves violaciones a los derechos humanos», que, según su perspectiva, aumentan las tensiones entre ambos países e impiden relaciones pacíficas. Citó las críticas de la ONU hacia las deportaciones, afirmando que estas contravienen los acuerdos bilaterales.
En lo que va de año, la Dirección General de Migración de República Dominicana ha deportado a 67,844 personas, de las cuales 66,227 son haitianos. Sin embargo, el número de deportaciones ha aumentado significativamente en octubre, con 27,352 personas deportadas en los primeros 20 días. El presidente dominicano, Luis Abinader, ha reiterado su compromiso de deportar a 10,000 personas por semana.
En respuesta, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, rechazó firmemente el llamado de Haití para detener las repatriaciones, argumentando que suspenderlas equivaldría a una política de fronteras abiertas, algo que su gobierno no está dispuesto a permitir. Álvarez enfatizó que la crisis de Haití no es responsabilidad de la República Dominicana, y que su país ha tenido que lidiar con las consecuencias durante décadas prácticamente en solitario.
Álvarez también resaltó la presión que la inmigración haitiana ejerce sobre los servicios públicos dominicanos, señalando que 147,000 niños haitianos asisten a escuelas dominicanas y que el 16 % de los beneficiarios del sistema de salud son de nacionalidad haitiana. «Hay límites», concluyó el canciller dominicano.