Caracas, Venezuela.
La Fiscalía de Venezuela ha citado al candidato opositor Edmundo González Urrutia para comparecer el próximo lunes 26 de agosto, en el marco de una investigación penal tras denunciar un presunto fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. González Urrutia, quien sostiene que fue el verdadero ganador de las elecciones, deberá responder por supuestos delitos de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros cargos.
Según la citación, González Urrutia está bajo investigación por la publicación de un sitio web que la oposición utilizó para divulgar copias de actas electorales, las cuales, aseguran, prueban que el presidente Nicolás Maduro fue derrotado en su intento de ser reelecto para un tercer mandato. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro vencedor con un 52% de los votos, la oposición asegura que su candidato obtuvo el 67% de los sufragios, basándose en las actas publicadas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado con Maduro, ratificó los resultados oficiales y acusó a González Urrutia de «desacato» por no presentarse a las audiencias relacionadas con el escrutinio. El TSJ ha enviado su fallo al fiscal general, Tarek William Saab, sugiriendo posibles sanciones contra el líder opositor.
González Urrutia, quien se encuentra en la clandestinidad desde finales de julio, enfrenta cargos adicionales de «instigación a la desobediencia de las leyes», «delitos informáticos», «asociación para delinquir» y «conspiración». La Fiscalía también investiga a la líder opositora María Corina Machado por su participación en protestas que han resultado en 27 muertos, entre ellos dos militares, y más de 2,400 detenidos.
El llamado a González Urrutia se produce en un clima de creciente tensión internacional, con Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina rechazando la reelección de Maduro. La comunidad internacional ha exigido resultados electorales completos y verificables para asegurar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, mientras que el gobierno de Maduro ha calificado estas demandas como «injerencias inaceptables».