Lima, Perú
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha calificado los allanamientos a la vivienda y la sede de gobierno de la presidenta Dina Boluarte como un «atropello a la dignidad» y una acción desproporcionada e inconstitucional.
La policía y la fiscalía llevaron a cabo estos allanamientos en busca de relojes Rolex que la mandataria presuntamente no habría declarado como parte de sus bienes.
Boluarte está siendo investigada desde el 18 de marzo por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos públicos.
Adrianzén expresó la solidaridad de los ministros de Estado con la presidenta y rechazó enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras.
A pesar de la solicitud de Boluarte para reprogramar su citación a declarar, esta no fue aceptada, pero sigue colaborando con la fiscalía, según el primer ministro.
En caso de que sea acusada formalmente, Boluarte solo podrá ser sometida a juicio una vez finalice su mandato en julio de 2026, de acuerdo con la Constitución peruana. Sin embargo, el escándalo podría resultar en un pedido de vacancia (destitución) por parte del Congreso, alegando «incapacidad moral».