Ciudad de Guatemala, Guatemala
El tribunal electoral de Guatemala fue allanado por la fiscalía en medio de una controversia relacionada con el proceso electoral y la presidencia de Bernardo Arévalo. Este allanamiento se produce en seguimiento a investigaciones relacionadas con el proceso electoral que llevó a la presidencia a Arévalo, quien alega que está ocurriendo un «golpe de Estado».
Los magistrados del tribunal electoral calificaron el allanamiento como un «acto intimidatorio» para cuestionar los resultados de las elecciones generales y el balotaje que ganó Arévalo en junio y agosto, respectivamente.
La fiscalía ha llevado a cabo múltiples operativos en las sedes del tribunal electoral y el partido Semilla de Arévalo, dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche. Estos operativos han sido cuestionados tanto en Guatemala como en el extranjero.
El presidente electo Arévalo ha denunciado las acciones de la fiscalía como un intento de «golpe de Estado» para evitar que asuma el poder en enero y ha pedido la renuncia de varios funcionarios, incluida la fiscal general Consuelo Porras.
La OEA ha condenado el allanamiento y considera que «constituye un ejemplo vergonzoso para el hemisferio» y que el comportamiento de la fiscalía viola estándares democráticos.
Este episodio refleja la tensión política en Guatemala y las preocupaciones sobre el proceso democrático en el país.