Republica Dominicana/tercer Año Abinader.
El presidente Luis Abinader se encuentra en su tercer año de gobierno enfrentando una constante presión internacional relacionada con la política migratoria de la República Dominicana. Esta presión proviene de diversas fuentes y tiene como objetivo doblegar la posición del país en cuanto a la inmigración y los derechos humanos.
Desde su llegada al poder, el presidente Abinader ha tenido que lidiar con una serie de acusaciones y denuncias relacionadas con la migración de haitianos y otros grupos hacia la República Dominicana. Organismos internacionales, expertos y medios de comunicación han difundido la versión de que la República Dominicana practica el racismo y la xenofobia contra la comunidad haitiana asentada en el país.
Sin embargo, a pesar de estas acusaciones, una abrumadora mayoría de dominicanos rechaza la idea de que el país sea racista o xenófobo hacia los haitianos. Incluso el expresidente Leonel Fernández ha defendido la posición de que la República Dominicana no es un país racista ni xenófobo.
La presión internacional se ha intensificado en varias ocasiones, como cuando el gobierno implementó un plan de repatriaciones de inmigrantes ilegales. En respuesta, organismos internacionales, expertos y medios de comunicación han denunciado supuestas violaciones de derechos humanos y prácticas racistas.
Incluso la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta basada en alegaciones de detenciones de ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel, lo que generó descontento en el país y fue considerado infundado por el gobierno dominicano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, negó que el gobierno dominicano sea racista pero expresó preocupaciones sobre el trato hacia la población haitiana en el país.
En junio pasado, la consejera de la misión permanente dominicana ante las Naciones Unidas defendió la solidaridad de la República Dominicana hacia Haití, en respuesta a acusaciones de racismo y abuso de derechos humanos.
El país también se defendió de acusaciones de racismo y discriminación en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México.
La presión internacional se ha centrado en cuestionar las políticas migratorias de la República Dominicana y en promover la idea de que el país debe asumir la responsabilidad de recibir a migrantes indocumentados y refugiados.
A pesar de esta presión, el gobierno ha defendido su posición y ha sostenido que las políticas migratorias del país se ejecutan conforme a sus leyes y reglamentos.