**Santo Domingo RD
El abogado Juan Manuel Rosario, director del Viceministerio de Interior y Policía para asuntos Migratorio y Naturalización, explicó que llevaron a cabo esta auditoría en 2022 para evaluar si el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) se había ejecutado correctamente.
Según los resultados de la auditoría, de las personas regularizadas (260,241 en total), 252,407 no cumplieron con los requisitos del programa para obtener la residencia, mientras que solo 7,834 cumplieron con los requisitos.
Se destacó que los extranjeros debían presentar documentación específica para demostrar su arraigo, pero la mayoría no lo hizo. Rosario señaló que esto se debió a presiones tanto internas como externas.
El proceso de regularización tuvo un costo significativo para el gobierno, ascendiendo a 55 millones de dólares (más de 2 millones de pesos), según Rosario.
El director del Viceministerio también hizo hincapié en que el proceso de naturalización de 800 personas que obtuvieron la nacionalidad dominicana a través de dos decretos se llevó a cabo de manera irregular, ya que los beneficiados no presentaron los documentos requeridos por la Ley 169-14. Esta ley establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.
Rosario aclaró que la Ley 169-14 no otorga la naturalización directamente, sino que manda a registrar a los beneficiarios para que luego puedan obtener la residencia de Migración y, dos años después, la naturalización a través de la Ley 1683.
El Viceministro enfatiza
Rosario señaló que, hasta la fecha, ninguno de los extranjeros beneficiados con los decretos ha acudido a la entidad, a pesar de que el Estado ha sido flexible al respecto. De acuerdo con la ley, si no se presentan dentro de seis meses, el decreto se considerará no válido.
El director del Viceministerio también informa
Los criterios para obtener la residencia incluyeron el tiempo de residencia en el país, vínculos con la sociedad dominicana, relaciones laborales y socioeconómicas.