Teherán, Irán
El Gobierno de Irán ha desencadenado controversia al intentar aprobar con urgencia y en una sesión cerrada una nueva ley del velo, que impondría penas más severas por no cumplir con el uso de la prenda islámica. Esta medida ha sido tomada en una pequeña comisión en lugar de en una sesión plenaria del Parlamento, con el objetivo de evitar un posible movimiento en contra del uso del hiyab.
En una votación realizada el pasado domingo, el Parlamento iraní decidió remitir el «Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab» a una comisión judicial y cultural. La votación resultó en 175 votos a favor, 49 en contra y 5 abstenciones de los 238 diputados presentes. Al tomar esta medida, el Ejecutivo evita llevar la ley ante los 290 parlamentarios y el debate público que ello conllevaría, además de sortear la revisión de numerosas enmiendas presentadas. Todo esto ocurre a pocos meses de las elecciones parlamentarias programadas para marzo.
Esta polémica ley será evaluada y votada en una comisión judicial y cultural a puerta cerrada, con la capacidad de aprobar el proyecto como una «prueba» durante un periodo de tres a cinco años, conforme a lo permitido por el artículo 85 de la Constitución del país.
El proyecto de ley, que consta de 70 artículos, impone castigos que incluyen multas, penas de cárcel de hasta cinco años, confiscación de vehículos, prohibición de conducir, deducciones salariales, suspensión de prestaciones laborales y restricciones de acceso a servicios bancarios.
Mousa Ghazanfaribadi, presidente de la comisión judicial del Parlamento encargada de estudiar la ley, declaró que «si cada día se cometen pecados relacionados con la castidad y el hiyab, es debido al retraso en la aprobación de esta ley».
Hossein Ali Haji Deligani, otro defensor de la ley, argumentó que esta aprobación apresurada es necesaria debido a que «observamos que la situación no tiene límites, está empeorando. Debemos prevenir un movimiento en contra del hiyab».
No obstante, algunos parlamentarios, como Gholamreza Nouri Qezeljeh, han expresado su oposición al proyecto legislativo, argumentando que se centra excesivamente en «castigar» la falta de uso del velo, lo que plantea «riesgos».
Este intento de reforzar la obligatoriedad del hiyab surge en respuesta al movimiento que ganó impulso después de la muerte de Mahsa Amini el año pasado. La joven falleció tras ser detenida por la Policía de la Moral en Teherán, lo que generó fuertes protestas en todo el país.
Desde entonces, muchas mujeres iraníes han desafiado la obligación de llevar el velo, considerándolo un símbolo de discriminación y opresión. El gobierno ha intentado reimponer el uso del hiyab mediante la vuelta de la temida policía de la moral a las calles, así como con castigos como la limpieza de cadáveres y edificios públicos.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó recientemente que «la eliminación del uso del velo se detendrá definitivamente», calificando a las mujeres que no se cubren como «inconscientes» y planteando la necesidad de «concientizarlas».