Santo Domingo RD/justicia
En una investigación que ha sacudido a la justicia dominicana, se ha descubierto una red de corrupción en la «Operación Gavilán», donde fiscales de distintas provincias del país y empleados de la Procuraduría General de la República trabajaban en conjunto para eliminar registros penales y antecedentes criminales a cambio de sobornos. Los detalles salieron a la luz a través de la solicitud para imposición de medida de coerción del Ministerio Público.
Según los testimonios obtenidos, el coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, Carlos Santa Abad, era uno de los implicados y se dedicaba a cobrar a los usuarios una suma de dinero para retirar las fichas de manera irregular. Esto se hacía bajo las instrucciones de Mártires Rosario Reyes, quien ocupaba el cargo de soporte técnico en el departamento de Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
La manipulación de los antecedentes penales se llevaba a cabo mediante la intermediación de Mártires Rosario, ya que las Fiscalías provinciales no tenían acceso para retirar los registros penales desde sus sistemas asignados, lo cual estaba bajo el control exclusivo de ciertos departamentos centrales de la Procuraduría.
Los usuarios interesados en eliminar sus antecedentes se acercaban a Carlos Santa Abad, le entregaban una suma de dinero y él se encargaba de contactar al imputado Mártires Rosario Reyes, quien a su vez cobraba un segundo monto. Aprovechando su posición en el departamento de Tecnología de la Información, coordinaban un precio para borrar los registros penales.
Los pagos eran realizados en la cuenta bancaria No. 9600388605 del Banco de Reservas, a nombre de Mártires Rosario Reyes. Mediante un informe de la Superintendencia de Banco (número 3202), el Ministerio Público pudo corroborar que Mártires Rosario recibía múltiples depósitos provenientes de empleados de la Fiscalía de diversas partes del país, incluyendo La Romana, Independencia y otras provincias.
En algunos meses, los depósitos acumulaban sumas que superaban los doscientos mil pesos. Además de Carlos Santa Abad, entre las transacciones también se identificaron otros empleados de Fiscalías, incluyendo fiscalizadores, auxiliares administrativos e incluso titulares de Fiscalía.
La «Operación Gavilán» resultó ser una mancha en el sistema de justicia dominicano, con la participación de funcionarios que aceptaron sobornos para favorecer a delincuentes y eliminar sus antecedentes penales. Las autoridades continúan con la investigación para llevar a todos los implicados ante la justicia y garantizar la transparencia del sistema judicial.