Río de Janeiro, Brasil
Río de Janeiro, Brasil – En una serie de operativos antidroga llevados a cabo en tres estados de Brasil desde el viernes pasado, se han reportado un total de 44 muertes, según informes de las autoridades. La escalada de violencia ha sido motivo de preocupación y críticas, ya que la Policía Militar de Brasil ha liderado estas incursiones en comunidades afectadas por el crimen organizado.
Uno de los operativos más recientes tuvo lugar en Río de Janeiro, donde nueve personas perdieron la vida en una acción de las fuerzas de seguridad en el Complexo da Penha, un conjunto de favelas ubicado en el norte de la ciudad. Simultáneamente, en la región de Bajada Santista, cercana a la capital de Sao Paulo, la cifra de fallecidos aumentó de 14 a 16, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Otras 19 muertes se registraron en acciones similares entre el viernes y el lunes pasado en Bahía, un estado del noreste de Brasil.
En respuesta a la creciente violencia, el ministro de Justicia, Flávio Dino, ha cuestionado la proporcionalidad de la respuesta de las fuerzas de seguridad en relación con los crímenes cometidos. Por su parte, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ha respaldado las acciones policiales en la Bajada Santista, señalando la necesidad de enfrentar al narcotráfico en la región.
Las incursiones policiales, que son comunes en barriadas populares de Brasil, han aumentado en la última semana y han generado protestas y denuncias de «excesos» por parte de las fuerzas. La situación ha llevado a una convocatoria de manifestaciones contra la violencia policial en Guaruja y frente a la Secretaría de Seguridad Pública en São Paulo.
Brasil ha estado enfrentando el problema de la violencia asociada al narcotráfico, y en 2022, se reportaron 6,429 muertes a manos de la policía, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una ONG reconocida en esta área.
La situación sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades y la sociedad en general, mientras se busca encontrar un equilibrio entre el combate al crimen organizado y el respeto a los derechos humanos.