Republica Dominicana
El sistema penitenciario dominicano asigna RD$26.50 por día para la alimentación de cada privado de libertad, según un informe de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Esto se traduce en un gasto diario de RD$3,207,028 para la manutención de las 25,352 personas recluidas en los centros penitenciarios del país hasta la fecha del 8 de este mes.
La Dirección de Servicios Penitenciarios señaló que los Comedores Económicos del Estado son la única entidad encargada de suministrar los alimentos consumidos por las personas privadas de libertad. Sin embargo, también se menciona que de manera extraoficial, las familias llevan alimentos cocinados y crudos a los reclusos en las diferentes cárceles del país.
De los 25,352 reclusos, 15,179 se encuentran en condición preventiva (59.8%) y 10,173 ya han sido condenados (40.2%). En cuanto al género, 24,716 son hombres y 636 son mujeres. De los detenidos preventivos, 14,816 son hombres y 363 son mujeres, mientras que de los condenados, 9,900 son hombres y 273 son mujeres.
En los primeros cinco meses de 2023, los recintos penitenciarios han recibido 30,000 visitas de familiares de las personas privadas de libertad, según el informe de la DGSPC, dirigida por el coronel de la Policía Nacional Roberto Hernández Basilio. La Ley 113-21, de régimen penitenciario, establece que los reclusos pueden recibir visitas de sus familiares, abogados, amigos de buena reputación o representantes de organismos o instituciones oficiales o privadas interesadas en su protección y rehabilitación. Las visitas se realizan con el consentimiento de las personas privadas de libertad, a menos que exista una orden judicial en contrario.
En cuanto a los centros de reclusión, hay 41 en total, de los cuales 31 albergan solo a personas de sexo masculino, 6 son exclusivamente para mujeres y 4 son mixtos. Es importante destacar que la mayoría de los centros carcelarios, especialmente los de modelo penitenciario antiguo, sufren de hacinamiento. Por otro lado, la nueva cárcel de Las Parras, en Guerra, permanece cerrada desde hace tres años, a pesar de haber sido inaugurada durante la gestión del gobierno de Danilo Medina y el procurador Jean Alain Rodríguez. Además, la construcción de la nueva cárcel de San Juan de la Maguana, que había comenzado en Pedro Corto, se encuentra paralizada y abandonada.