El Salvador
El Gobierno de El Salvador ha anunciado una nueva ofensiva contra las pandillas con el objetivo de prevenir su reagrupación, en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y críticas de la comunidad internacional.
El presidente Nayib Bukele se reunió con el gabinete de seguridad del país para discutir esta medida y afirmó que es necesario evitar posibles reagrupaciones de las pandillas, citando el caso de Nueva Concepción. Aunque no se han proporcionado detalles adicionales, se ha destacado que el gobierno está obteniendo avances significativos en la lucha contra las pandillas.
Bukele hizo referencia al municipio de Nueva Concepción, ubicado en Chalatenango, donde se llevó a cabo un amplio operativo con más de 5.500 uniformados en busca de los responsables del asesinato de un agente de la Policía a mediados de mayo. El presidente manifestó su determinación de hacer que los responsables paguen por su crimen y aseguró que la operación policial no se limitará solo a los responsables directos, sino que también se enfocará en desmantelar toda la estructura delictiva de las pandillas y sus colaboradores.
El Gobierno de El Salvador declaró el estado de excepción en marzo del año pasado debido a un aumento de la violencia en el país. Desde entonces, se ha prorrogado en varias ocasiones y ha resultado en la detención de más de 66.000 presuntos pandilleros. Aunque algunos sectores de la población ven positivamente los resultados de estas medidas, a nivel internacional se han presentado denuncias por violaciones de derechos humanos.
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a restablecer los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo el estado de excepción. La CIDH enfatizó la importancia de que el Estado respete los derechos humanos en la adopción de medidas para prevenir y combatir la criminalidad, así como en la investigación, procesamiento y sanción de actividades delictivas. También señaló que la suspensión indefinida de derechos y garantías constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común. Cabe destacar que se han reportado 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, según la CIDH.
El Gobierno salvadoreño continúa enfrentando desafíos en su lucha contra las pandillas, buscando un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. La implementación de esta nueva ofensiva es parte de los esfuerzos en curso para abordar la problemática de la delincuencia en el país.