Santo Domingo RD/Justicia
La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República han firmado un acuerdo de cooperación para garantizar el derecho al voto de los privados de libertad en la República Dominicana. El convenio, suscrito por la Procuradora Miriam Germán Brito y el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, busca asegurar el voto de los internos en centros penitenciarios que se encuentren en condición preventiva a partir de las elecciones de 2024.
El acuerdo establece que tanto el Ministerio Público como la JCE se comprometen a implementar medidas progresivas para permitir el voto de los reclusos cuyos derechos civiles y políticos no estén suspendidos, de acuerdo con lo establecido por la ley. Además, se acordó la depuración del padrón del sistema carcelario, excluyendo a aquellos que hayan sido condenados de manera definitiva e irrevocable.
La JCE proporcionará equipos y apoyo técnico para el empadronamiento y la actualización de la información biométrica en los centros de reclusión, mientras que el Ministerio Público brindará las facilidades y recursos necesarios para el registro y procesamiento de la información biométrica. Ambas instituciones desarrollarán una interfaz de consulta para que el Ministerio Público pueda acceder al archivo Maestro de Cedulados en línea durante los procesos de empadronamiento, identificación o actualización.
La procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia del acuerdo, señalando que reconoce los derechos consagrados en la Constitución a favor de las personas privadas de libertad que antes no podían ejercer su derecho al voto. Destacó que este paso histórico promueve la inclusión y permite que los reclusos puedan expresar su opinión y esperanzas en relación con los candidatos que consideren más idóneos.
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, consideró que este acuerdo es un avance significativo hacia la transparencia democrática y la efectividad de los derechos ciudadanos. Además, resaltó la importancia de utilizar mecanismos de identificación biométrica para garantizar la autenticidad del voto y permitir que las personas privadas de libertad en condición preventiva ejerzan su derecho al sufragio.
Con este convenio, se busca asegurar que los privados de libertad en condición preventiva tengan la oportunidad de participar activamente en el proceso democrático del país, fortaleciendo así la inclusión y el ejercicio de los derechos fundamentales.