Aunque existe desde 2004 una resolución que regula las agencias privadas de colocación de empleo, el Ministerio de Trabajo reconoce que no cuenta con un listado que permita identificar cuáles están autorizadas ni con mecanismos específicos para fiscalizar sus operaciones.
Santo Domingo, RD. – En República Dominicana se desconoce cuántas agencias dedicadas a la colocación de trabajadoras domésticas operan legalmente, pese a que desde hace más de dos décadas existe una normativa que establece los requisitos para su instalación, funcionamiento y renovación.
La Resolución 41-2004 del Ministerio de Trabajo establece las reglas para las agencias privadas de colocación de empleo. Sin embargo, la falta de un registro específico impide determinar cuántas de las entidades que ofrecen estos servicios, incluso a través de redes sociales y WhatsApp, cumplen con las disposiciones legales.
La situación quedó evidenciada luego de una solicitud de Libre Acceso a la Información Pública realizada al Ministerio de Trabajo, mediante la cual se pidió el listado de las agencias privadas de colocación de empleo doméstico registradas y autorizadas, así como información sobre posibles sanciones por incumplimiento.
En su respuesta, el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano explicó que el registro corresponde al Viceministerio de Empleo y se gestiona mediante el sistema SIRLA y la plataforma “Empléate Ya”.
No obstante, la institución aclaró que la información disponible está organizada según la actividad económica declarada por las empresas y que esta clasificación “no corresponde directamente” con lo solicitado.
En consecuencia, no existe un listado que permita establecer cuántas agencias de colocación de trabajadoras domésticas están autorizadas en el país.
Vacíos en la fiscalización
La respuesta oficial también deja al descubierto varias limitaciones para supervisar este tipo de intermediación laboral.
El Ministerio de Trabajo informó que no dispone de un protocolo o normativa diferenciada para fiscalizar la colocación de trabajadoras domésticas mediante redes sociales u otras plataformas digitales.
Tampoco cuenta con un sistema administrativo que permita identificar por separado las denuncias contra agencias privadas dedicadas a colocar personal doméstico. Tanto el departamento de mediación como la Dirección de Inspección registran las quejas sin una clasificación específica para este sector.
Otro dato relevante es que no existen actas de infracción ni resoluciones sancionatorias contra agencias de colocación de trabajadoras domésticas entre enero de 2021 y agosto de 2026.
Durante ese período de cinco años y ocho meses, según la información suministrada, no se registra una sola sanción.
Asimismo, las autoridades no disponen de una estadística que permita conocer cuántas trabajadoras domésticas consiguen empleo mediante agencias autorizadas y cuántas lo hacen a través de mecanismos informales.
El propio Ministerio atribuye parte de esta situación a la elevada informalidad del sector, donde las relaciones laborales y los procesos de contratación suelen desarrollarse fuera de los registros oficiales y sin contratos escritos.
Un sector mayoritariamente informal
El problema afecta a un sector de gran importancia dentro del mercado laboral dominicano.
Datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central indican que durante el primer trimestre de 2026 había 276,240 personas ocupadas en el servicio doméstico.
De esa cantidad, apenas 10,434 estaban afiliadas a la seguridad social, mientras que otras 265,806 no contaban con esa protección.
Esto significa que menos de cuatro de cada 100 personas dedicadas al trabajo doméstico estaban incorporadas al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
La actividad representa además el 8.8 % de las mujeres ocupadas en República Dominicana, frente al 0.4 % de los hombres.
Un estudio publicado en 2022 por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, basado en datos de 2021, determinó que el 94 % de las trabajadoras domésticas laboraba bajo contratos verbales.
La investigación también estableció que el ingreso promedio del sector era de RD$8,415 mensuales y que los hogares de estas trabajadoras presentaban la tasa de pobreza monetaria más elevada entre las distintas ramas económicas.
Convenio de la OIT establece obligaciones
República Dominicana ratificó en 2015 el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
El artículo 15 establece obligaciones específicas para los Estados respecto a las agencias privadas que reclutan o colocan trabajadores domésticos.
Entre ellas figuran establecer las condiciones para su funcionamiento, crear mecanismos para investigar denuncias y posibles abusos, prevenir prácticas fraudulentas y proteger especialmente a los trabajadores domésticos migrantes.
El convenio también dispone que los honorarios cobrados por las agencias privadas no deben ser descontados de la remuneración de las trabajadoras.
Una disposición similar aparece en la Resolución 41-2004 del Ministerio de Trabajo, que establece que los cobros realizados por las agencias deben limitarse a los gastos ocasionados por el servicio de intermediación y no pueden descontarse del salario de la trabajadora.
Sin embargo, la falta de mecanismos específicos de fiscalización dificulta determinar si estas disposiciones se cumplen.
El sector espera una nueva regulación
El Ministerio de Trabajo intentó establecer reglas más amplias para el trabajo doméstico mediante la Resolución 14-2022, que contemplaba un salario mínimo, jornada laboral de 44 horas, contratos escritos y afiliación obligatoria a la seguridad social, además de un portal para registrar a las trabajadoras.
La medida, sin embargo, fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.
Desde entonces, el sector permanece a la espera de una regulación específica, mientras continúa la discusión de una reforma al Código de Trabajo en el Congreso Nacional, donde se prevé incluir un capítulo dedicado a las personas trabajadoras del hogar.
Mientras esa reforma no se concrete, permanece como referencia la Resolución 41-2004, que no ha sido anulada, derogada ni sustituida, aunque dejó de aplicarse en la práctica.
El resultado es un sector con cientos de miles de trabajadores, altos niveles de informalidad y una intermediación laboral para la que, según la propia autoridad, no existe actualmente un registro capaz de determinar con precisión quiénes operan legalmente ni un sistema específico para fiscalizar sus actuaciones.