Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix, y otros implicados en el denominado caso Camaleón.
La solicitud fue presentada por la titular de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quien pidió a la jueza Yanibet Rivas que el grupo sea enviado a juicio de fondo para responder por los hechos que les imputa el Ministerio Público.
Ortiz aseguró que el órgano acusador cuenta con pruebas contundentes y obtenidas conforme a la ley, suficientes para que el proceso avance a la siguiente etapa judicial.
Piden mantener medidas de coerción
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público solicitó además el mantenimiento de las medidas de coerción contra los imputados para garantizar su presencia en el proceso.
Asimismo, pidió al tribunal imponer impedimento de salida del país a los acusados Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
La magistrada advirtió que existe peligro de fuga y que la situación jurídica de los procesados se ha agravado debido a la solidez de la acusación presentada.
“Solicitamos que sean acreditados todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en nuestro escrito de acusación, por haber sido obtenidos en cumplimiento estricto de la normativa legal”, expresó Ortiz ante el tribunal.
Red de corrupción y lavado de activos
Además de Beras y Gómez Canaán, en el expediente figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas y Henry Darío Féliz Casso.
También están involucradas varias empresas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la investigación, las irregularidades se habrían ejecutado principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, mediante contratos y convenios irregulares con empresas privadas que habrían recibido acceso privilegiado a fondos públicos para operaciones de lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que el eje central del entramado sería José Ángel Gómez Canaán, quien presuntamente mantenía vínculos societarios y financieros con varias de las compañías involucradas.
Según la acusación, estas entidades habrían conformado una red dedicada a estafar al Estado, realizar lavado de activos y ejecutar sabotaje tecnológico, con el objetivo de controlar infraestructuras críticas y recursos estratégicos del país.