Santo Domingo, R.D. — El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó este miércoles el fallo sobre las medidas de coerción solicitadas contra los 10 implicados en una presunta red de militares y civiles acusados de corrupción administrativa en varias instituciones del Estado.
El magistrado informó que será este jueves a las 6:00 de la tarde cuando dará a conocer su decisión, tras concluir la audiencia en la que los abogados de la defensa presentaron sus contrarréplicas a los argumentos expuestos por el Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó prisión preventiva para cinco de los imputados, alegando riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados, que incluyen sobornos, asociación de malhechores, lavado de activos y estafa al Estado.
Los acusados están vinculados a irregularidades en contrataciones y operaciones fraudulentas en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
La audiencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, debido a la notoriedad del caso y al perfil de algunos de los implicados. El país espera con atención la decisión del tribunal, en un proceso considerado emblemático en la lucha contra la corrupción en la administración pública.
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