Santo Domingo, RD. – La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, autorizó los allanamientos realizados por el Ministerio Público en distintos inmuebles, como parte de una investigación relacionada con un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuyas operaciones bajo investigación superarían los RD$40 millones.
Los registros forman parte de la denominada Operación SeNaSa 2.0, mediante la cual el Ministerio Público busca profundizar las pesquisas sobre un supuesto esquema de defraudación que habría involucrado a exempleados de la aseguradora estatal, médicos y otras personas vinculadas a la prestación de servicios de salud.
De acuerdo con la autorización judicial, los fiscales fueron facultados para realizar los registros en los inmuebles identificados durante la investigación y ocupar aquellos objetos o documentos que pudieran guardar relación con los hechos investigados.
La magistrada también autorizó la extracción, recuperación, visualización y análisis de los datos almacenados en los dispositivos electrónicos que fueran legalmente ocupados durante los allanamientos.
Estos procedimientos permitirían a los investigadores examinar información contenida en teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y otros equipos electrónicos, siempre dentro de los términos establecidos en la autorización judicial.
Investigación por presunta defraudación
El Ministerio Público investiga un supuesto entramado que habría utilizado diferentes mecanismos para generar reclamaciones y obtener pagos de SeNaSa por servicios médicos que son objeto de cuestionamiento.
Las autoridades han señalado que las pesquisas abarcan posibles irregularidades relacionadas con autorizaciones médicas, facturación y prestación de servicios, además de otras operaciones que habrían ocasionado perjuicios económicos a la ARS pública.
Como parte de los operativos, el Ministerio Público ha informado sobre la ocupación de dinero en efectivo, vehículos, bienes, armas de fuego, documentos y dispositivos electrónicos, elementos que serán analizados como parte del proceso investigativo.
La autorización de los allanamientos no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad contra las personas investigadas. Corresponderá al Ministerio Público presentar las evidencias ante los tribunales y determinar las responsabilidades individuales que pudieran existir conforme avance el proceso judicial.