Santo Domingo RD.
Por Felipe Ventura.
En 1989, el Ministerio de Educación y Ciencia de España publicó el Libro Blanco para la reforma del sistema educativo, un documento clave que preparó la gran reforma de los años 90. En sus páginas se afirmaba con claridad que sin un profesorado con prestigio y autonomía profesional, cualquier intento de reforma educativa estaba condenado al fracaso.
Entre sus recomendaciones centrales estaban:
Elevar el estatus y el prestigio social del docente.
Fortalecer su autonomía y responsabilidad dentro del centro educativo.
Reconocer al maestro como un profesional capaz de tomar decisiones pedagógicas fundamentadas en su contexto.
Casi cuatro décadas después, en República Dominicana observamos con tristeza lo lejos que estamos de esa visión.
La ordenanza del celular: un síntoma preocupante
Recientemente, el Ministerio de Educación emitió una orden departamental que prohíbe el uso del celular en las aulas. La medida, en sí misma, puede ser discutible y hasta necesaria en algunos contextos. Lo verdaderamente revelador no es la prohibición, sino la forma en que se tuvo que implementar.
Hoy, un maestro que observa que el uso del celular está afectando gravemente el logro de los objetivos de aprendizaje no puede decidir por sí mismo establecer una norma interna en su aula o en su centro. Debe esperar una orden departamental, una circular ministerial o, en el mejor de los casos, una directriz.
Esto evidencia hasta qué punto se ha erosionado la autoridad y autonomía profesional del docente dentro del aula. El maestro ha pasado de ser un profesional reflexivo con capacidad de decisión pedagógica a convertirse en un simple ejecutor de instrucciones superiores.
Lo más sorprendente del debate
Lo que resulta aún más preocupante es la reacción de numerosas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En lugar de alarmarse por esta evidente pérdida de autoridad del maestro, muchas han celebrado y apoyado con entusiasmo la ordenanza ministerial.
Nadie parece preguntarse:
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI un docente titulado, con años de experiencia, no tenga la confianza ni la autoridad suficiente para regular algo tan básico como el uso del celular en su propio espacio de enseñanza?
Esta situación refleja un deterioro profundo: hemos pasado de confiar en el juicio profesional del docente a desconfiar sistemáticamente de él. Y lo más grave es que esta desconfianza se ha normalizado.
Volver a lo básico: prestigio y autonomía
El Libro Blanco español de 1989 ya lo advertía: sin prestigio ni autonomía docente, no hay reforma educativa seria. Hoy en República Dominicana seguimos cometiendo el mismo error. En vez de fortalecer la autoridad profesional del maestro, seguimos centralizando decisiones que deberían tomarse en el aula y en el centro educativo.
Un docente con prestigio y autonomía no necesita una orden ministerial para decir “en mi clase no se usa el celular”. Un docente con prestigio es capaz de gestionar su aula con criterio, responsabilidad y flexibilidad según las necesidades concretas de sus estudiantes.
Mientras sigamos tratando al maestro como un simple operador de políticas diseñadas desde arriba, seguiremos viendo síntomas como este: la necesidad de una ordenanza para resolver un problema que debería resolverse con autoridad profesional cotidiana.
Es hora de recuperar la lección olvidada del Libro Blanco: la educación mejora cuando se confía en quien está frente al aula.