Santo Domingo, RD
El Poder Judicial dominicano emitió este jueves un comunicado en el que justifica la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien impuso una garantía económica de RD$50 millones y restricciones migratorias a Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
Argumentos de la magistrada
- Arraigo suficiente. Veloz valoró que los hermanos poseen domicilio conocido, negocios estables y fuertes vínculos familiares en el país, sin evidencia de intentos previos de fuga.
- Pena máxima de dos años. El caso mantiene la calificación provisional de homicidio involuntario (art. 319 del Código Penal), cuya sanción oscila entre 3 meses y 2 años de prisión; por ello, la jueza entendió que no procede la prisión preventiva de 18 meses solicitada por el Ministerio Público.
- Medida razonable y proporcional. La resolución subraya que la coerción busca asegurar la presencia de los imputados en el proceso, no anticipar una condena.
Medidas impuestas (art. 226, ords. 1, 2 y 4 del CPP)
- Garantía económica: RD$50 millones.
- Impedimento de salida del país.
- Presentación periódica ante la autoridad.
- Declaratoria de caso complejo.
Valoración de pruebas
- Sobre Antonio Espaillat, la jueza reconoció la gravedad objetiva del hecho, pero destacó su cooperación con la investigación.
- Respecto a Maribel Espaillat, concluyó que el supuesto intento de influir en un testigo no alcanzó el umbral de obstaculización probatoria, calificándolo como una interacción “ambigua y éticamente reprochable”, mas no delictiva.
Crítica al marco jurídico
Veloz reiteró la obsolescencia del Código Penal dominicano, originado en el siglo XIX, lo que —según la magistrada— dificulta abordar adecuadamente “fenómenos delictivos complejos y modernos”.
Con la medida de coerción ratificada y el proceso declarado complejo, el caso Jet Set entra en una fase de investigación ampliada, mientras las víctimas y la sociedad dominicana mantienen la mirada puesta en la evolución judicial de uno de los episodios más trágicos del entretenimiento local.
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