SANTO DOMINGO, RD
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, hizo un llamado enérgico al Congreso Nacional para que apruebe de forma definitiva el nuevo Código Penal, alegando que el marco jurídico actual está obsoleto y limita seriamente la capacidad del Ministerio Público de aplicar justicia con proporcionalidad y efectividad.
“Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”, expresó la magistrada, quien lamentó que el país siga operando con una normativa sancionada hace más de 140 años.
Código Penal del siglo XIX
Reynoso recordó que el actual Código Penal fue aprobado mediante la Ley 2274 del 20 de agosto de 1884, y aunque ha tenido reformas menores, no responde a las nuevas realidades delictivas. “El mapa de la criminalidad es cada día más diverso, pero seguimos teniendo como principal ley sustantiva un instrumento del siglo XIX”, afirmó.
Uno de los ejemplos que citó es la falta de reconocimiento del concurso ideal de delitos. Esto significa que una persona que comete múltiples infracciones con un solo acto solo recibe la sanción del delito mayor, sin posibilidad de agravar la pena por la multiplicidad de hechos delictivos. “Esto resulta injusto y va en detrimento del principio de proporcionalidad”, subrayó.
Apoyo político y urgencia social
La procuradora destacó que ha recibido el respaldo de legisladores de distintas bancadas, incluyendo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes han manifestado su compromiso con una reforma urgente del Código Penal.
Reynoso también explicó que, por falta de una legislación adecuada, el Ministerio Público se ve obligado a tipificar como delitos culposos (por negligencia) acciones que deberían ser clasificadas como dolo eventual (con conocimiento del riesgo), afectando la posibilidad de que las víctimas reciban justicia plena.
Justicia para los nuevos tiempos
Finalmente, la funcionaria instó a los congresistas a actuar con responsabilidad ante una sociedad que exige respuestas legales eficaces frente a delitos complejos en un entorno cada vez más globalizado y tecnológico.
“Después de 141 años, resulta irrazonable mantener esta obsolescencia legislativa. El país necesita un nuevo Código Penal para garantizar que la justicia sea verdaderamente justa”, concluyó Reynoso.