Por Agencia AP/PUERTO PRÍNCIPE, Haití
Cuatro años después de que el presidente haitiano Jovenel Moïse fuera acribillado en su residencia de Puerto Príncipe (7 de julio de 2021), ningún imputado detenido en Haití ha llegado a juicio. El proceso se ha vuelto un laberinto de renuncias de jueces, traslados forzados de sede y enfrentamientos verbales entre magistrados y acusados, todo en medio de la asfixiante violencia de las pandillas que controlan el 85 % de la capital.
Jueces bajo fuego
Seis jueces —entre ellos Claude Jean y Phemond Damicy— intentan reconstruir la investigación para decidir si los 20 sospechosos encarcelados deben sentarse finalmente en el banquillo. Diecisiete son exmilitares colombianos contratados, según su defensa, para labores de seguridad; los otros tres son antiguos funcionarios haitianos. Varios implicados clave huyeron en la fuga masiva registrada en las dos mayores cárceles del país el año pasado, incluido Dimitri Hérard, exjefe de seguridad del Palacio Nacional.
Las audiencias, interrumpidas en reiteradas ocasiones por amenazas, han pasado por tres sedes distintas: primero el Palacio de Justicia (ahora en manos de pandillas), luego una casa alquilada en Pacot y, desde mayo, una residencia privada en Pétion‑Ville.
“Fallaste en tu misión”
En un interrogatorio reciente, el juez Claude Jean se encaró con un policía acusado de negligencia la noche del magnicidio. “Fallaste en tu misión —tronó—. Y aun así te declaras inocente”. Otros testimonios describen cómo los atacantes, vestidos de negro y con pasamontañas, irrumpieron gritando que eran agentes de la DEA, lanzaron granadas aturdidoras y se movieron “como si conocieran la casa perfectamente”.
Los exsoldados colombianos alegan torturas, incomunicación y documentos firmados en un idioma que no entienden. “He sufrido tratos denigrantes; no sabía que el presidente había sido herido de muerte”, declaró Jheyner Alberto Carmona Flores, uno de los detenidos.
Progreso en Miami, parálisis en Puerto Príncipe
Mientras tanto, en Estados Unidos once sospechosos extraditados han sido procesados y cinco ya se declararon culpables de conspirar para matar al mandatario. El juicio de otros cinco —entre ellos Anthony “Tony” Intriago, dueño de la firma de seguridad CTU, y los haitiano‑estadounidenses James Solages y Christian Emmanuel Sanon— está fijado para marzo de 2026. Se espera el testimonio de Martine Moïse, viuda del presidente, quien resultó herida en el ataque y a su vez enfrenta cargos en Haití que sus abogados niegan.
Un espejo de la crisis institucional
El profesor y abogado Bruner Ulysse ve en el caso un reflejo crudo del colapso institucional: “Los esfuerzos internacionales avanzan, pero dentro de Haití la justicia sigue siendo esquiva; jueces, fiscales y defensores trabajan bajo amenaza constante”.
Con el país atrapado entre la violencia criminal y el vacío político, la pregunta que resuena en las calles de Puerto Príncipe sigue sin respuesta: ¿habrá algún día un juicio en Haití por la muerte de Jovenel Moïse?
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