Nueva York. – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lideró una coalición de 18 fiscales generales para oponerse al intento de la administración Trump de eliminar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes haitianos.
El TPS es un programa humanitario que resguarda a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden su retorno seguro. En un escrito amicus presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, James y sus colegas argumentan que poner fin al TPS para los haitianos pondría en riesgo sus vidas, separaría familias y afectaría negativamente a las economías locales.
“La revocación del estatus migratorio legal de los haitianos, que los ha mantenido a salvo junto a sus familias, es cruel y peligrosa”, afirmó Letitia James. “Los inmigrantes haitianos han contribuido enormemente a nuestras comunidades, vecindarios y economías locales, y sin ellos, Nueva York y este país no serían lo mismo”.
Desde el devastador terremoto de 2010 en Haití, que causó una profunda crisis humanitaria, Estados Unidos ha extendido las protecciones del TPS para los haitianos. Sin embargo, la administración Trump intentó poner fin a estas protecciones, ignorando la continua inestabilidad política y social en la isla.
La coalición de fiscales sostiene que las cancelaciones del TPS, impulsadas por el gobierno anterior, no consideraron adecuadamente las precarias condiciones en Haití y tendrían efectos devastadores para cientos de miles de beneficiarios y sus familias. Además, alertan sobre las consecuencias económicas negativas: solo en Nueva York, los hogares de beneficiarios del TPS generaron en 2023 más de $2,300 millones en ingresos, pagaron cerca de $654 millones en impuestos federales, estatales y locales, y aportaron $1,600 millones al poder adquisitivo.
De ser eliminadas las protecciones, muchos inmigrantes enfrentarían decisiones dramáticas: regresar solos a Haití, exponiendo a sus hijos ciudadanos estadounidenses a hogares rotos o a la incertidumbre en un país desconocido y peligroso; o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal, sin poder trabajar y con el riesgo constante de deportación.
Esta acción se suma a otros esfuerzos recientes de la fiscal general James, quien codirigió una coalición similar en defensa de los beneficiarios venezolanos del TPS, logrando una medida cautelar a su favor en un tribunal federal de California.
Entre los fiscales generales que se unieron al escrito se encuentran representantes de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.